Por una educación moral desligada de la Iglesia: El caso de España

Este artículo apareció publicado por primera vez en el Boletín Racionalista Internacional #167.

Con el comienzo del nuevo año escolar en septiembre de 2007, los niños de España tendrán una nueva clase de educación cívica secular que ha levantado en armas a la Iglesia Católica Romana. “Educación para la ciudadanía” incluirá ética, educación cívica y derechos humanos. Basada en los valores consagrados en la Constitución de 1978, está diseñada para preparar a los estudiantes de las escuelas elementales y del primer ciclo de secundaria del ámbito público para convertirse en ciudadanos autodeterminantes, responsables y tolerantes de una democracia moderna y plural.

La Iglesia Católica Romana (ICR) ha tomado el curso como un reto contra su monopolio moral y lanzó contra él una furiosa campaña. El episcopado advirtió a los padres católicos que las clases de educación cívica violan su derecho constitucional sobre la “formación moral” de sus hijos y que debe ser enfrentada por todos los medios legales. El arzobispo de Madrid amenazó con apelar ante la Corte Constitucional de España para detener este “programa educacional ético-moral que niega a la religión”. Pero el gobierno no se ha dejado impresionar. “Ninguna creencia puede imponerse sobre la ley”, dijo el Primer Ministro José Luís Rodríguez Zapatero el mes pasado en un discurso ante un congreso juvenil. “España es un país laico, y sus principios de laicidad garantizan el pluralismo y la tolerancia”.

Para los obispos, lo más explosivo del nuevo programa es el hecho de que incluye, entre muchas otras cosas, los temas de género, sexualidad y familia. Una de sus metas declaradas es enseñar a los niños a rechazar “la discriminación existente por razones de sexo, origen, diferencia social, afectos sexuales, o de cualquier otro tipo” y a ejercitar “una evaluación crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, sexistas y homofóbicos”. Según los obispos, esto significa “adoctrinar a los niños con la ideología sexual y la agenda social de la izquierda…”. En pocas palabras, “¡Sodoma y Gomorra!”.

Cuando el gobierno socialista asumió el poder en marzo de 2004 modificó, con mucho pesar por parte de la ICR, el clima social de España con una serie de políticas nuevas. Abandonó los planes para las clases religiosas compulsivas en las escuelas públicas, recortó los subsidios gubernamentales para las instituciones católicas, facilitó las leyes para el divorcio y el aborto y reconoció los matrimonios homosexuales. A pesar de las protestas del arzobispo acerca de que Madrid se había convertido en “Sodoma y Gomorra”, el modelo social liberal de Zapatero cuenta con un amplio apoyo entre la gente. En una investigación realizada en julio por el Centro de Investigación Sociológica en Madrid, más de dos tercios de los consultados recibió con beneplácito, por ejemplo, la legalización de los matrimonios homosexuales, aunque el 77 por ciento se auto-describió como católico (del cual, sin embargo, solamente el 16 por ciento dijo que concurría a la iglesia cada semana, mientras que el 55 por ciento declaró que casi nunca lo hacía).

La influencia de la ICR está languideciendo en el que alguna vez fuera el país más católico de Europa. La educación continúa siendo uno de sus baluartes; aproximadamente la cuarta parte de los niños del país es educada en escuelas católicas que obtienen aproximadamente la mitad de sus fondos del estado, y la otra mitad de fuentes no gubernamentales. Pero incluso entre los estudiantes y padres representados por la Asociación Católica de Compañías de Educación Privada en Madrid, el 94 por ciento no tiene ninguna objeción contra las clases de educación cívica. De hecho, la furiosa resistencia de los obispos católicos contra el nuevo programa de estudios amenaza con volverse en su contra. El gobierno parece esperar que los tiempos maduren para poner a la ICR en su lugar.

El hombre detrás del nuevo programa de educación cívica es Gregorio Peces-Barba Martínez, profesor de Filosofía Legal de la Universidad de Madrid, y uno de los autores de la Constitución de 1978. En un artículo del diario español “El País”, advirtió a los ruidosos obispos a no “tensar tanto la cuerda”. Criticándolos por su “extrema arrogancia, una sensación de impunidad y un insufrible sentido de superioridad, derivados del hecho de que administran “verdades superiores”, los acusó de “desafiar a las autoridades legítimas, a la Constitución y a la ley, intentando imponer sus criterios sobre el bien común y la soberanía popular que reside en el Parlamento” y los halló “responsables de la agitación que dificulta la paz social”. Si la ICR no puede adaptarse al nuevo clima social en la próxima legislatura, dijo que “será necesario encarar el tema de las acciones y de la situación de la Iglesia y establecer un nuevo status que la coloque en su lugar y que respete la autonomía de la autoridad civil”. Las expresiones del profesor Peces-Barba son consideradas significativas por su influencia en el gobierno español.